El vicecoordinador del Consejo de Organismos Empresariales (COE), César Bonilla Yunes declaró que la negativa para ejecutar el desalojo del Movimiento Antorcha Campesina del fraccionamiento El Refugio, parece ser un tipo de acuerdo con "un grupo de choque", por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle.

No podríamos tener la certidumbre, pero sí parece ser una especie de acuerdo con un grupo de choque que puede seguir ciertos intereses a cambio de algo. Eso genera una mala imagen en las autoridades".

En entrevista con CENTRAL, el líder empresarial lamentó que el gobierno morenovallista no acate las órdenes que el juez federal dictaminó para el desalojo de los antorchistas de dicha zona, pues recordó que esta no es la primera vez que el movimiento se apropia de predios ilegalmente, sin que la autoridad haga algo.

Bonilla Yunes dijo que si bien el desalojo de los antorchistas puede generar un conflicto social, el gobierno debe de dar seguridad jurídica a los empresarios, pues estos muchas veces prefieren perder sus predios debido a la omisión de la autoridad.

Sí es de preocuparse que un tema de seguridad jurídica de posesión de la propiedad al legítimo dueño se vea rebasada por los cuerpos de seguridad que no pueden.  (...) En cuanto a las agrupaciones como lo es Antorcha Campesina, no es la primera vez que se da algo así, y pues parecería que no hay un estado de derecho en esa cuestión".

Ayer CENTRAL publicó que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha tolerado durante 4 años la invasión del Movimiento Antorcha Campesina a un predio valuado en poco más de 49 millones de pesos en el fraccionamiento El Refugio, ubicado en el municipio capitalino.

Desde 2011 la administración estatal se ha negado a acatar un total de seis órdenes judiciales para desalojar a las 500 familias antorchistas que ilegalmente se apoderaron de 92 casas y 76 predios para ocuparlos como viviendas.