El titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas aseguró que los ediles "ya se olvidaron por completo del Registro Civil" pues ahora solicitan convertirse en un "cuarto nivel de gobierno", es decir, ser juntas auxiliares que ostenten las mismas atribuciones de un Ayuntamiento.
En entrevista, al término de la colocación de la primera piedra del Museo Internacional Barroco (MIB), Maldonado Venegas reveló que durante la cuarta reunion que sostuvo ayer en Casa Aguayo con los alcaldes subalternos pertenecientes a la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (Cedip), rechazaron nuevamente la posibilidad de que el servicio del Registro Civil regrese a sus comunidades, pidiendo convertirse en un ente de gobierno similar a las alcaldías municipales.
La petición, aseguró el secretario, fue negada de manera rotunda.
Prácticamente no fue el tema central que ellos plantearon, (Registro Civil) ellos reclaman atribuciones y facultades derivadas del artículo 115 constitucional (…) reclaman muchas otras cosas más, solicitan convertirse en un cuarto nivel de gobierno”, dijo.
Sin embargo el funcionario estatal declaró que continuarán las reuniones hasta que las juntas auxiliares y el gobierno del estado lleguen a un acuerdo.
Asimismo y luego de esta reunión, los ediles auxiliares revelaron que la disputa por la reintegración del Registro Civil a las juntas auxiliares será llevada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El vocero de la Cedip y edil de San Martín Tlamapa, —junta auxiliar de Santa Isabel Cholula— José Salomé Pacio Grande adelantó que los 175 presidentes auxiliares integrados en el movimiento presentarán un amparo ante la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) para que los Registros Civiles regresen a sus comunidades y puedan brindar los servicios a los ciudadanos.
El pasado miércoles 20 de agosto, durante la tercera reunión entre la Secretaría General de Gobierno y los ediles auxiliares, Luis Maldonado Venegas acordó regresar a medias la operación del Registro Civil a las juntas auxiliares, con el objetivo de detener las movilizaciones que ha desatado en todo el estado esta medida.
El funcionario estatal acordó: suspender el retiro de los documentos del registro; que las oficinas sean modernizadas y permanezcan en su ubicación original; y que los pobladores nombren un encargado para su operación; no obstante, la fiscalización de los recursos y las cuotas seguirán a cargo del gobierno estatal.