Friday, 29 de March de 2024
Lunes, 30 Marzo 2015 14:15

Al Congreso no le importa que los PPS de Moreno Valle sean inconstitucionales

El coordinador de la Junta de Gobierno y Puntos Constitucionales, Carlos Martínez Amador dijo que a menos que se reciba alguna observación al respecto, el Congreso local actuará en contra de dichas acciones permitidas por la pasada Legislatura

Por : César Roa / @Chilango_Roa , Puebla, Puebla

El Congreso de Puebla no hará algo por remediar la inconstitucionalidad en la que incurren los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) solicitados por el gobernador, Rafael Moreno Valle, según declaró el líder del Legislativo, el diputado Carlos Martínez Amador, quien pretextó que no ha recibido alguna petición formal al respecto. 

La semana pasada el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) señaló que los 14 mil 448 millones de pesos con los que el gobernador poblano ha endeudado al estado a través de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) son inconstitucionales, pues la afectación de recursos plurianual la ejerce el Ejecutivo de manera arbitraria y sin autorización del Congreso local.

Esto, según lo señalado por el Centro, fue permitido por la LVIII legislatura mediante una serie de reformas a la Ley de PPS y a la Ley de Presupuesto y Contabilidad, pese a que la constitución remarca en su artículo 117 que se debe consultar al poder legislativo para la adquisición de cualquier tipo de deudas.

En este sentido, Martínez Amador argumentó que desde el 2012, fecha en la que se realizaron las reformas, hasta la actualidad, el recinto legislativo no ha recibido ni una sola queja u observación, por lo que no se ha emprendido ninguna evaluación sobre el asunto de deudas vía PPS.

Además, aseguró que se sólo se está a la espera de alguna observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación para siquiera considerar emitir alguna opinión al respecto.

Es la primera observación que se hace en este sentido, hay que darle su justa dimensión, hay que esperar si tiene alguna observación por parte del órgano de fiscalización federal y en ese sentido emitir alguna opinión, hasta ahora no se ha hecho así (…) Hasta el momento nosotros no hemos recibido alguna notificación de ese tipo y si la recibimos, la atenderemos”.

Contrario a la opinión del líder del Congreso, el integrante de la fracción de Movimiento Ciudadano, Julián Peña Hidalgo señaló que sí se debe realizar una evaluación sobre las facultades inconstitucionales del gobernador y buscar que la determinación de la autorización de cualquier tipo de deuda pública e inversión en la entidad sea compartida con el recinto legislativo poblano.

Habría que revisarlo de manera puntual para que si es así, hacer esta modificación para que no solamente sea facultad de una persona, sino que sea facultad del congreso la autorización de deuda pública y que todo este tipo de inversión pase por el gobierno del estado”.

Además, refirió que se deben considerar otras vías para buscar quitarle dichas facultades al gobernador, como puede ser una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Peña Hidalgo consideró que se debe buscar algún otro recurso, no solamente por la vía legislativa sino por la vía jurídica, constitucional y de los recursos que pudiera establecer la propia ley en el sentido de revertir esta situación.

Por su parte, la perredista Socorro Quezada Tiempo admitió que es prácticamente imposible revertir la medida que tomaron los diputados de la pasada Legislatura, pues además de que ya venció el plazo para acudir a la SCJN, los diputados integrantes de la línea morenovallista buscarían defender al mandatario.

Entrevistada vía telefónica, la también dirigente estatal del Sol Azteca explicó que desde el año en el que se realizaron las reformas, en ningún momento se presentó alguna queja por considerarlas inconstitucionales, por lo que ya no se puede recurrir ante esta instancia.

¿Sabes por qué no? Porque ya pasó el periodo en el que se pudiera, quien sintiera que no se cumplía con la constitución tenía que haberse ido a otra instancia que es la Suprema Corte de Justicia y nadie recurrió. Este asunto del estudio solo es un informe como tal, ellos están señalando los errores de la actual legislatura y en el caso específico del endeudamiento,  es una cosa ya juzgada”.

Asimismo, Quezada Tempo admitió que buscar corregir la inconstitucionalidad sería batalla perdida, pues el bloque morenovallista legislativo tumbará cualquier intentona, por lo que fue tajante al señalar que ya es una cosa juzgada.

También podríamos presentar una nueva iniciativa para que regresara a quitarle facultades al gobernador, también lo podríamos hacer, pero sería una lucha perdida de entrada, porque los diputados y diputadas no van a permitir que le quitemos atribuciones que ya le fueron otorgadas sea inconstitucional o no sea inconstitucional, esta reforma ya es cosa juzgada”

El pasado 8 de septiembre, CENTRAL informó que en menos de cuatro años de gobierno, Rafael Moreno Valle endeudó a Puebla por 21 Mil 428 millones de pesos a través de ocho Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y la deuda será pagada por, al menos, los cuatro próximos gobernadores de la entidad.

La deuda que hasta el momento ha generado la administración morenovalista, duplica los pasivos heredados por Mario Marín, quien salió de Casa Puebla con un compromiso fiscal de 9 mil 104 millones de pesos.

El proyecto más caro entregado vía PPS es la construcción y operación del Museo Internacional Barroco con un costo de 7 mil 280 millones 933 mil pesos, pagaderos en los próximos 23 años. En la posición dos se ubica el segundo piso de la autopista México-Puebla de 5 mil millones de pesos por 30 años; y en tercero el Centro Integral de Servicios por 3 mil 800 millones de pesos a  23 años y nueve meses.