Un operativo conjunto entre la Profepa, la Cofepris y la Conagua derivó en la suspensión de actividades de 11 empresas que contaminaban el Río Atoyac, que cruza por los estados de Puebla y Tlaxcala.

En conferencia de prensa para dar a conocer esos resultados, el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, dejó claro que “los intereses económicos no pueden estar por encima de la salud de los ciudadanos y la calidad del medio ambiente”.

Subrayó que ese operativo evidencia que las empresas sancionadas operaban de manera irregular al descargar residuos al río, lo que afectaba la calidad del agua y la salud de la población de comunidades cercanas.

El funcionario enfatizó que a través de las instituciones responsables el gobierno federal ha emprendido acciones para que “ningún proyecto económico” esté por encima de la debida conservación de los recursos naturales del país.

Entre esas medidas citó el monitoreo del estado de salud de los habitantes de las zonas afectadas, sancionar a las empresas de infractores y diseñar y vigilar el cumplimiento del Plan de Atención del Río Atoyac.

Sánchez Hernández destacó que la coordinación entre la Profepa, la Cofepris y la Conagua es esencial para vigilar que las industrias del país no afecten los recursos naturales y el agua de los ríos, lagos y lagunas se mantenga en las normas establecidas.

La verificación abarcó a más de tres mil 600 industrias de Puebla y Tlaxcala, principalmente del ramo textil, seguidas de los de autopartes, petroquímica y celulosa.

En la conferencia de prensa, en la que estuvieron los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se detalló que en total fueron sancionadas 11 empresas, siete por la Profepa, dos a través de la Cofepris y dos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Mikel Arriola, titular de la Cofepris, informó que los principales riesgos a la salud que se analizan por la contaminación a esa cuenca son los provocados por los agentes químicos metileno, tolueno y cloroformo, que afectan el ADN y son precursores de cáncer.

Explicó que el análisis se concentra en determinar si la incidencia de muertes por leucemia en la zona por la que transita el río supera la media nacional de 14 por cada cien mil habitantes.

El funcionario mencionó que la principal preocupación es la aparición de enfermedades crónicas como el cáncer, originadas por esas sustancias que se utilizan en los procesos de elaboración de textiles.

Para ello, abundó, la Cofepris efectúa el análisis de 200 mil muestras al mes de las aguas del país.

Arriola Peñalosa precisó que el río Atoyac no suministra el líquido para el consumo humano y puntualizó que con esos estudios se pretende determinar el nivel de afectación que pudiera tener la población de las inmediaciones, por la contaminación que presenta. 

El rescate y saneamiento del Río Atoyac ha sido una de las acciones más presumidas por la administración morenovallista, pues desde campaña el gobernador de Puebla enunció como uno de sus compromisos “sanear las cuencas hidrológicas Atoyac y Alseseca a través del a construcción de redes de drenaje conectadas a plantas de aguas residuales, con el objetivo de limpiar los canales acuíferos que nutren la laguna de Valsequillo”, según el documento “Cumplo o me voy”.

Los esfuerzos para el saneamiento y la activación del Río Atoyac como un atractivo turístico en Puebla comenzaron cuando el gobierno morenovallista destinó, en 2011, 204 millones de pesos para la construcción del Ecoparque Metropolitano y 157 millones de pesos para el Paseo del Río Atoyac, sin embargo el año pasado la organización Greenpeace reveló que los altos niveles de contaminación del Río Atoyac podrían provocar cáncer a los humanos, incluso a través de sus contaminantes dispersados en el aire.

Otro proyecto es la construcción del Museo Internacional Barroco, que está siendo edificado a sólo unos metros del Río Atoyac y para el cual se invirtieron 7 mil 280 millones de pesos. La obra está a cargo de una filial de la polémica firma Grupo Higa, mejor conocida por el escándalo de la "casa blanca" de la primera dama Angélica Rivero y por sus negocios con el Presidente Enrique Peña Nieto.