El pasado 9 de julio, elementos de la Policía Estatal ejecutaron un cruento desalojo en la Puebla-Atlixco que hizo sangrar Chalchihuapan: un niño de 13 años murió, tres personas más quedaron mutiladas y más de 70 heridas entre civiles y policías. El encontronazo entre los agentes policiacos y los habitantes que Chalchihuapan —que pugnaban por el regreso del Registro Civil a su comunidad— provocó la peor crisis del sexenio morenovallista.

Con la Ley Bala detrás, los agentes policiacos atacaron a los habitantes de Chalchihuapan a quemarropa y dispararon proyectiles de gas con punta de goma contra manifestantes, niños, ancianos y demás ciudadanos que se cruzaron en la manifestación sobre la autopista. Sin embargo, el gobierno de Rafael Moreno Valle se negó una y otra vez a reconocer su responsabilidad en la muerte del infante José Luis Tlehuatle y comenzó la persecución jurídica y mediática contra los inconformes.

La versión oficial —replicada por los medios afines al gobierno— culpó a los ciudadanos y a la onda expansiva de un cohetón de la muerte del niño. El 11 de septiembre, las mentiras del gobierno quedaron en evidencia, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos responsabilizara a los policías de la masacre en Chalchihuapan. —Incluso pidió una indemnización y una disculpa para la comunidad. Hasta la fecha nada de eso ha ocurrido—.

El trágico 9 de julio, la Policía Estatal detuvo a Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero y en menos de 24 horas, les fincaron 8 delitos desde privación ilegal de la libertad hasta homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, CENTRAL demostró en un videoque los 4 fueron detenidos antes de la gresca y el 1 de agosto, fueron liberados.

Los detenidos permanecieron 21 días privados de su libertad y ya hasta habían perdido su derecho a salir bajo fianza cuando el pasado 18 de julio el juez penal de Cholula, Alejandro León Flores consideró los delitos cometidos como graves.

Los días pasaron y la calma, aunque tensa, llegó a Chalchihuapan hasta la madrugada del 18 de octubre, cuando encapuchados de la Policía Estatal regresaron por la venganza contra Chalchihuapan, tras la crisis en medios nacionales y tras el resolutivo de la CNDH que dejó al gobierno morenovallista como un violador de los derechos humanos.

Aquella madrugada del 18 de octubre fueron detenidos, con lujo de violencia: Vicente Juárez García, de 33 años; Florentino Tamayo Ponce, de 34 años; Raúl Contreras Montes, de 36 años; Fausto Montes, 29 años y Álvaro García Xelhua. Para el 21 de noviembre, fue detenido en un operativo apabullante el edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien huía del morenovallismo desde octubre.

Tamibén el 18 de octubre fueron aprehendidos siete mandos medios en la Academia “Ignacio Zaragoza” por su responsabilidad en el desalojo de julio. Aunque la CNDH imputó el asesinato del niño a los Policías, éstos pisaron la cárcel unas cuantas semanas, pues fueron liberados en total discreción y debido a que sus “delitos no eran graves”, en la navidad pasada.

Contrario a Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez Varela y Fausto Montes, que están en la cárcel por: tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación. Mientras que Raúl Contreras y Álvaro García Xelhua fueron acusados de ataques a las vías de comunicación y motín.

Todos los habitantes que osaron defenderse de los policías y contravenir las decisiones del gobierno siguen la cárcel. Los augurios para ellos son devastadores, mientras que los asesinos del niño están libres. Chalchihuapan aún llora por la Ley Bala que lo hirió de muerte.  

El 13 de mayo del 2011, la Comisión de Transporte del Congreso de Puebla aprobó una reforma para facultar al gobierno de Rafael Moreno Valle a retirar los más de 3 mil mototaxis que circulaban en las zonas marginadas que no contaban con trasporte público. El gobierno desplegó una serie de operativos que, hasta ahora, no ha logrado erradicar este sistema de transporte y que desembocó en la detención de 8 presos acusados por motín, delitos cometidos en contra de funcionarios públicos y ataques a las vías de comunicación.

Aunque el gobierno inició los operativos en 2011, en 2013 el morenovallismo dio tregua a los transportistas por el proceso electoral. Fue en enero del 2014 cuando arrancaron nuevamente las acciones emprendidas contra el transporte alternativo en la localidad de Santa Ana Xalmimilulco, junta auxiliar de Huejotzingo el 18 de enero del 2014.

A partir de ese momento los operativos se intensificaron,  comenzaron a ser más violentos e incluso se han realizado con diversas estrategias de choque, según denunció Alejandro Tapia, del Frente de Usuarios y Mototaxistas de Puebla.

A unas horas de la toma de protesta de la presidenta municipal de Coronango, Hermelinda Macoto, se dio el primer operativo violente de este año en la junta auxiliar de San Martín Zoquiapa. El hecho ocasionó disturbios en dicha comunidad durante la noche del viernes 14 de febrero.

Hasta mayo del 2014 se realizaron al menos 25 operativos que generaron reacciones violentas de los vecinos de diversas localidades y juntas auxiliares de los municipios de Coronango, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Juan C. Bonilla, San Miguel Xoxtla, Nealtican, Acatinzgo, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Tlacotepec de Benito Juárez y Ajalpan

Según aseguró Alejandro Tapia, los funcionarios de la Secretaría de Transporte son ahora apoyados por agentes estatales que llegan vestidos de civiles. Para los operativos acusó, se han utilizado hasta mil 500 efectivos y camiones de volteo para amedrentar a los transportistas.

El 6 de abril del 2014 fue detenido el operador de mototaxi Julio Tula Mani, de 26 años de edad, a manos de los policías estatales en el operativo realizado en localidad de San Juan Tautla, de la zona de San Andrés Cholula.

El 11 de mayo de 2014 en los municipios de Coronango y Juan C. Bonilla dos patrullas resultaron quemadas y hubo daños contra vehículos oficiales. Al menos 6 policías municipales resultaron lesionados.

Durante el operativo del 19 de mayo donde cuatro policías terminaron golpeados —uno de ellos de gravedad— y una docena de pobladores resultaron heridos cuando se daba el decomiso de tres mototaxis en el municipio de Acatzingo.

El día 17 de junio se registró la movilización que provocó la detención de 8 mototaxistas durante la noche, luego que se desalojó la autopista México-Pueblatras ser cerrada por horas por vecinos de Coronango, Juan C. Bonilla y Xoxtla quienes se unieran para manifestarse y cerraran la vialidad.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal sumó 8 unidades confiscadas durante el operativo que llevaron a cabo en coordinación con la Contraloría del Estado y la Secretaría de Transporte. En el lugar detuvieron a ocho personas,  Mauro Sarmiento Amaro, Ignacio Ramos Michihua, Jaime Alberto Fernández de Jesús, Daniel Hernández Palacios, Fausto Galicia Robles, Antelmo Sánchez García, Florencio Copalcua Hernández, e Ignacio Sarmiento Amaro. A ellos, el juez penal de Cholula, Alejandro León Flores les fijó una fianza de 385 mil pesos por concepto de reparación del daño, misma que no han podido acreditar.

Los tres mototaxistas presos durante los operativos del 2014 más los 8 detenidos por el último operativo se encuentran presos en los penales de San Miguel en Puebla capital y de San Pedro Cholula; recientemente fueron visitados por una comisión de legisladores encabezada por el senador Luis Sánchez, Vice presidente del Senado de la República para revisar sus casos.

 

 

 

A finales de agosto de 2014 la comunidad cholulteca se levantó en contra de la expropiación de tierras alrededor de la pirámide para construir el Parque Intermunicipal, terrenos que fueron expropiados a los campesinos de la zona. El movimiento fue liderado por los Xicale y los Tlachi, cuatro hombres que movilizaron a los ciudadanos para que montaran un operativo afuera de la presidencia municipal de San Pedro, el gobierno morenovallista implementó un operativo para retirarlos y ahí fueron detenidos.

Hoy, los Xicale y los Tlachi se encuentran presos acusados por delitos de motín, daño en propiedad ajena, delitos cometidos en contra de los funcionarios públicos y ataques a las vías de comunicación,

El martes 26 de agosto los habitantes de San Andrés Cholula se despertaron con las indicaciones de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla quienes les notificaron que hacían efectiva la expropiación de 17 predios en la zona que serán utilizados para construir el “Parque de las Siete Culturas”, proyecto del gobernador Rafael Moreno Valle que prometía “embellecer y dignificar” la zona.

Molestos, más de 200 cholultecas apoyaron a los expropiados y salieron a arrancar la cerca de alambre que comenzaba a ser colocada en la zona supuestamente expropiada y a quemar los letreros donde se indicaba la expropiación. Los vecinos de Cholula corrieron prácticamente a personal de la Secretaría General de Gobierno se vio forzado a retirarse del lugar.

Desde entonces, el representante legal de los afectados  Adán Xicale Huitle, abogado representante de los vecinos de Cholula  informó que no permitirán la expropiación de las hectáreas que abarca la plaza, porque jamás se demostró que la propuesta del parque tiene una verdadera utilidad pública para la comunidad.

Xicale junto con simpatizantes de San Andrés y diversas juntas auxiliares comenzó el movimiento Cholula Viva y Digna, además de que académicos y vecinos de la zona arrancaron la iniciativa Círculo de Defensa de Cholula, ambas asociaciones promovieron eventos públicos y manifestaciones pacíficas para exigir a los ayuntamientos de San Andrés y San Pedro revocar la obra y cancelar el Parque Intermunicipal. Sin embargo el proyecto continuó. Y en una serie de actividades de presión para que el alcalde Leoncio Paisano efectuara la revocación del proyecto en un acta de cabildo, el 6 de octubre se cerró por espacio de dos horas el Periférico Ecológico a la altura de Camino Real.

Además, Xicale y sus simpatizantes tomaron la alcaldía de San Andrés. Sacaron a los empleados municipales, soldaron las puertas e instalaron un campamento en presión al alcalde Leoncio Paisano.

Pero, poco antes de las 4 de la madrugada del 7 de octubre del 2014 granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron al zócalo de San Andrés Cholula para desalojar el plantón que se encontraba a las puertas del Ayuntamiento y detener al menos a 4 integrantes del movimiento Cholula Viva y Digna, entre ellos a Adán Xicale y su hijo Paul Xicale Coyopotl, quien lo apoyaba como representante legales de los propietarios de predios expropiados.

Además fueron detenidos Primo Miguel y Albino Tlachi cuando intentaban apoyar al abogado. De acuerdo a testigos, los policías iban por el abogado Xicale. Tras su detención fueron consignados al penal de San Pedro Cholula y  el juez  Alejandro León Flores dictó auto de formal prisión en contra de los cuatro el 21 de octubre por los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación, despojo y daño en propiedad ajena doloso, los cuales se encuentran en dos averiguaciones previas, una iniciada por el gobierno del estado y otra por la administración municipal de San Andrés.

La Organización de las Naciones Unidas otorgó a Xicale y los tres detenidos el reconocimiento como “Defensores de derechos humanos"  a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Alan García quien señaló que la ejecución de José Luis Tlehuatle Tamayo en Chalchihuapan junto con las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa son “actos ultrajantes para la conciencia nacional”.

El representante de la ONU en el país sostuvo un encuentro con los perseguidos por la administración de Rafael Moreno Valle y encabezó el evento que conmemoró el día de los Derechos Humanos. Al momento de brindar su mensaje a las distintas organizaciones que son perseguidas por la administración morenovallista, comparó los hechos del 9 de julio, donde fue herido de muerte el niño José Luis Tlehuatle Tamayo, con la situación que se viven en estados como Guerrero y Estado de México.

Según Josué Xicale, hermano de Adán Xicale, han iniciado ya el procedimiento de amparo contra los dos procesos penales que le siguen a los cuatro detenidos, por lo que guardan esperanza de que a finales de enero de este 2015, el Poder Judicial de la Federación emita un resolutivo a su favor que permita liberarlos.

 

 

Durante su administración, el gobernador Rafael Moreno Valle no sólo ha concentrado la fuerza del estado para reprimir y encarcelar a los activistas que se han opuesto a sus políticas y proyectos gubernamentales, sino que también se ha encargado de reprimir cualquier intento de movilización de estudiantes poblanos.

El primer acto de represión contra jóvenes universitarios sucedió en mayo del 2013, año en el que el presidente Enrique Peña Nieto fue el invitado de honor en el desfile conmemorativo de la Batalla del 5 de Mayo.

En ese entonces, los jóvenes Eduardo Salazar Velázquez e Iván Guisasola Vázquez decidieron crear un grupo el #Op5deMayo en Facebook, el cual tenía la intención de organizar una manifestación para boicotear el desfile anual del 5 de mayo.

Néstor López Espinoza, joven de 19 años, al ver el grupo decidió dar clic en “Asistir al evento”.

El 3 de mayo, un grupo de policías ministeriales que nunca se identificaron y que vestían como civiles lo privaron ilegalmente de su libertad y estuvo “desaparecido” por más de 48 horas.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), lugar en el que fue reunido con Eduardo Salazar e Iván Guisasola, quienes también fueron detenidos ilegalmente.

Los tres muchachos fueron amenazados y torturados tanto física como psicológicamente; fueron obligados a revelar datos personales como contraseñas, nombres, dirección domiciliaria y demás datos necesarios para catear y obtener todos sus documentos oficiales, cartilla militar, acta de nacimiento, hasta su computadora personal y memorias USB. Además, fueron obligados a firmar documentos sin saber el contenido de los mismos.

Los tres estudiantes fueron acusados de conspiración y mitin, asimismo fueron tachados por distintos medios de comunicación como terroristas y culpados de orquestar un plan para asesinar a Peña Nieto.

La fianza que tuvieron que pagar rebasó los 19 mil pesos y los procesos siguen en curso.

Dos años después, la misma historia

La represión volvió a darse el día de ayer, de nueva cuenta durante una visita del mandatario federal a la entidad sólo que esta vez, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fueron los protagonistas.

Tras la visita de EPN a la entidad para la inauguración del Hospital para el Niño Poblano, un contingente de poco más de 100 estudiantes partió desde Ciudad Universitaria para dirigirse al evento. Algunos ocuparon autobuses de la línea Rápidos de San Antonio.

Ya a la altura de la preparatoria de la BUAP “2 de Octubre”, los contingentes se dividen: Uno permanece en las instalaciones escolares mientras que el segundo se dirige hacía el Boulevard del Niño Poblano.

Alrededor de la una de la tarde, las fuerzas policíacas, es decir policía estatal, ministerial, municipal y hasta turística, comienzan a agredir a los estudiantes, los cuales son apoyados y protegidos por el personal de la Universidad Iberoamericana. Es preciso destacar que la seguridad privada del plantel educativo evitó en todo momento el ingreso de los elementos policiales gubernamentales.

En la trifulca del boulevard del Niño Poblano fueron detenidos los universitarios Edgar Juárez y Sharid Guerrero.

Una hora después, otra manifestación se presentó en las afueras de la PGJ para solicitar la inmediata liberación de los estudiantes, sin embargo, en el acto es detenido Gustavo Reyes.

Las detenciones de los tres integrantes de la Universidad Autónoma de Puebla se dieron cargos claros y arbitrariamente, por lo que el Juzgado calificador no tuvo otra opción más que ordenar la liberación inmediata.

Al ser entrevistados, las tres víctimas de detención arbitraria afirmaron que su único delito fue “tener el cabello largo”.

En la agresión policíaca se utilizaron toletes y escudo en manos. Además, también fueron agredidos estudiantes de la Ibero. 

El 27 de mayo de 2014 seis tanquetas militares y cuatro camionetas de la Policía Estatal y Federal incursionaron en las poblaciones de San Juan Amecac, Cohuecan, Acteopan y Amilcingo, Puebla, para resguardar los trabajos de la empresa italiana Bonatti a cargo del Proyecto Integral Morelos (PIM) que pretende construir dos centrales termoeléctricas, un gasoducto, una línea eléctrica y un acueducto.

Meses atrás, personal de Comisión Federal de Electricidad había enviado a trabajadores para explicar con folletos sobre la obra que se llevaría a cabo en la zona y convencer a todos los vecinos de las comunidades afectadas. Sin embargo, las comunidades ya se encontraban organizadas a través de una serie de asambleas informativas que previamente llevó a cabo el Frente de Pueblos por la Defensa del Agua y la Tierra.

Los vecinos de la zona se han quejado hasta la fecha de que los folletos informativos sobre el proyecto carecen de la información necesaria y tampoco conocen el trazo exacto de la obra. El temor de los colonos afectados se basa en que la línea del Gasoducto pasaría a unos metros de la zona volcánica del Popocatépetl, lo cual volvería a la obra en una bomba de tiempo.

La construcción de dos centrales termoeléctricas proyectadas consumirá agua y gas natural para producir energía. Estas pretenden ser ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos, y están concesionadas a la empresa Abengoa, de origen español.

Otra etapa la conforma la construcción de un gasoducto de aproximados 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de diámetro que pretende transportar diariamente 9 mil millones de litros de gas natural, para dichas termoeléctricas, pasando por las faldas del volcán Popocatépetl y a través de más de 60 comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, este gasoducto está concesionado a las empresas españolas Elecnor y Anagas y a la empresa italiana Bonatti.

Una tercera etapa se constituye por la construcción de una línea eléctrica de 20 km de longitud a la subestación Yautepec. Y por último se plantea un acueducto de 20 pulgadas de diámetro que pretende trasladar 50 millones de litros de agua diaria a las termoeléctricas, y que su trazo va del municipio de Ayala a Huexca, Morelos con una longitud de 12 km. En total la inversión que plantea el gobierno y la industria privada para dichas acciones oscila entre los mil 600 millones de dólares.

El 6 de abril del 2014 al menos 15 patrullas de la Policía Estatal detuvieron a la comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, de 60 años. La sexagenaria presidía una reunión entre comisarios ejidales donde se firmaba la negativa para que sus tierras fueran utilizadas en la construcción del gasoducto que es parte del Proyecto Integral Morelos cuando se presentaron los agentes de la Policía Estatal.

De acuerdo a sus compañeros de lucha, entrevistados por CENTRAL, la detención de Enedina fue violenta y con exceso en el uso de la fuerza, por lo que aseguran que únicamente se buscaba atemorizar a todos sus compañeros de distintas comunidades ejidatarias y así presionar para que dejaran el libre paso al proyecto federal.

A Enedina Rosas se le detuvo con el pretexto de encontrarse involucrada en una averiguación previa por los delitos de robo agravado y obstrucción de obra, acusación presentada por empleados de la empresa Bonatti, filial italiana que tiene el encargo de llevar a cabo las obras del gasoducto en el Proyecto Integral Morelos y que labora en proyectos similares en el estado de Sonora.

Las fuentes consultadas refieren que en un altercado a Enedina Rosas se le “por robar de manera violenta dos celulares a empleados de Bonatti". Por el delito de obstrucción alcanzaba la libertad bajo caución, pero el segundo delito, el de robo, la obligó a permanecer en prisión durante su proceso.

Según cuentan sus compañeros, Enedina Rosas es una mujer valiente, madre de varias hijas y ya abuela. Su participación como ambientalista inició cuando vio amenazada la tierra que le dio de comer a ella y su familia.

Enedina, como muchos de los comisarios ejidales de la zona de Atlixco, mantenían reuniones y asambleas informativas desde el 2012, fecha en que comenzaron a ver amenazado su patrimonio debido a que la empresa Bonatti comenzaba poco a poco a intervenir en tierras de la zona sin los permisos correspondientes. Originalmente se sumó a la lucha porque en asamblea sus vecinos y habitantes del ejido de San Felipe Xonacayucan se lo pidieron. Ella únicamente era la portavoz de lo que su pueblo le pidió.

El jueves 18 de septiembre Enedina tuvo que abandonar la prisión de Atlixco por un padecimiento severo en las vías respiratorias. Se le diagnosticó Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y tuvo que ser atendida de urgencia en el hospital San Juan de Dios ubicado en Atlixco donde permaneció bajo resguardo policiaco.

Para el mes de octubre el juzgado penal de Atlixco le otorgó a Enedina Rosas el poder mantenerse en arraigo domiciliario debido a su condición de salud. El primero de octubre abandonó el hospital de Atlixco donde se encontraba luego de dos semanas de mantenerse delicada de salud.

Hasta la fecha, según detalló su hija, Lucinda Quintero Rosas, a Enedina no se le permite dar entrevistas ni recibir visitas que no sean previamente aprobadas por el juzgado penal de Atlixco. Se mantiene estable de salud y permanece en su casa mientras se define una sentencia legal que por el delito de robo que le podría dar hasta 9 años de prisión.

La situación alrededor del Gasoducto Morelos se complicaría con una segunda detención, la de Juan Carlos Flores Solís fungía como vocero del Frente de los Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra en el cual participaba activamente desde el año 2009 coordinando acciones y jornadas informativas y asesorando legalmente a los vecinos de tierras afectadas por los mega proyectos emprendidos por los estado de Puebla, Morelos y Tlaxcala.

Enedina Rosas y José Luis Flores se conocen en una de las tantas asambleas en los municipios aledaños a Atlixco, donde la comisara ejidal participaba y respaldaba la decisión de su pueblo de firmar la negativa a cualquier venta de predios.

Un día después de la detención de Enedina Rosas, el 7 de abril, José Luis acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Después de realizar el trámite por la desaparición de Enedina, a escasos 20 metros del edificio del organismo presidido por Adolfo López Badillo el activista fue detenido de manera ilegal.

Lo detuvieron agentes de la Policía Ministerial que jamás presentaron acreditaciones, vestían de civil y no mostraron ninguna orden de aprehensión. La Procuraduría General de Justicia lo acusó por los delitos de motín, despojo, ataques contra la infraestructura hidráulica y extorsión, por lo que no alcanzó la libertad bajo caución por tratarse de delitos graves.

De Flores Solís sus compañeros conocen bien un amplio expediente de lucha en movimientos sociales desde el propio derecho a la educación cuando organizó protestas a favor de que se abrieran más plazas en la Universidad Autónoma de Puebla hace más de diez años.

Juan Carlos Flores Solís está en el mapa del activismo en Puebla desde que formó parte del grupo Espiral 7, asociación civil con abierta simpatía al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), estuvo ligado a la organización de “La Otra Campaña” en Puebla del Sub Comandante Marcos y mantuvo siempre una relación estrecha con los grupos zapatistas.

Posteriormente su trabajo se vinculó con comunidades cholultecas, donde comenzó con la defensa del agua en la zona de Ocotlán. Ahí es donde se le invita a participar como parte del Movimiento de Pueblos Cholultecas que es el que finalmente una versión previa al Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra.

El tema del gasoducto, relatan compañeros de José Luis Flores, empezó a dar problemas a las comunidades colindantes con Morelos en el año 2004 y desde entonces inició una resistencia.

Las movilizaciones del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua iniciaron formalmente en el 2009, y desde entonces José Luis Flores participó en la fundación de radio comunitaria en Tlaxcalancingo y en otras zonas con la impresión del periódico comunitario “Espiral”.

A finales de 2012 y principios del 2013 comenzó a notarse la molestia generalizada de varios de los ejidatarios afectados por el Proyecto Integral Morelos y José Luis Flores fue el encargado de coordinar la información que se daría a conocer con los afectados de estados vecinos. Debido a esto el activista se ganó que Graco Ramírez lo nombrara “un agitador que vino a quebrantar la paz de Morelos”. De acuerdo a compañeros de su movimiento, José Luis Flores ya era perseguido desde tiempo atrás por los gobiernos de Puebla, Tlaxcala y Morelos.

En septiembre, la justicia federal le otorgó el ampara, pero, según denunció el abogado del activista, José Antonio Lara, la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que dirige Víctor Carrancá Bourget, cayó en desacato. La dependencia estatal apeló a través del Ministerio Público el amparo otorgado por el Juez Séptimo de Distrito lo que retrasó la liberación de Juan Carlos.

Un segundo proceso de amparo fue ganado por la defensa del activista recientemente en diciembre que se liberó el recurso a través del Segundo Tribunal Colegiado. Este segundo procedimiento provocó que incluso sus familiares y amigos pensaran que en navidad estaría en casa, sin embargo, hasta el momento, Juan Carlos Flores Solís se mantiene preso en el penal de San Pedro Cholula.

Hasta el momento, la empresa Bonatti ha logrado entrar con excavadoras a predios de la zona del Izta-Popo donde no se ha tenido la negativa de sus propietarios. Según los opositores del Gasoducto, la empresa ha aprovechado que los dueños de las tierras no se han reportado debido a que son migrantes y su residencia se encuentra fuera del país.

 

 

 

 

 

El gobierno morenovallista aplicó la #RafaJusticia en contra del líder del movimiento contra la construcción del Arco Poniente, Abraham Cordero Calderón quien fue apresado durante seis meses y logró su libertad tras pagar una fianza de 57 mil 700 pesos. El organizador de los ejidatarios de la zona fue acusado por los delitos de secuestro, motín y delitos contra funcionarios públicos.

El proyecto del Arco Poniente fue originalmente propuesto desde la Federación, durante el sexenio de Mario Marín Torres. Desde ese entonces Abraham Cordero Calderón, Juez de Paz de San Francisco Tepeyacac, ya se encontraba organizado con ejidatarios y pobladores de la zona de San Martín Texmelucan y del Izta-Popo debido a que en la zona donde se pretende la colocación de la vía carretera se instala uno de los sitios más ricos para cosecha de legumbres y hortalizas de todo el valle de México.

Aunque el proyecto fue finalmente pospuesto y jamás finalizó en la administración marinista, con el gobierno de Rafael Moreno Valle se dio la modificación del trazo, pues complementaba una serie de obras que también prevén la construcción del gasoducto que integra el Proyecto Integral Morelos en su conexión al estado de Puebla y Tlaxcala.

Fue entonces que se retomó el trabajo comunitario e informativo entre los pobladores de la zona de tierras de labriego para la conformación del Frente de Pueblos de la Sierra Nevada.

El 8 de abril de 2014 fue detenido mientras conducía su camioneta en la zona de Atlixco, lo acompañaba su esposa Obdulia García, quien denunció que fue llevado por agentes ministeriales que llegaron con siete camionetas y sin presentar la debida orden de aprehensión.

Los agentes ministeriales lo acusaron originalmente por el delito de robo de cable de cobre, sin embargo de último minuto la PGJ en Puebla informó, mediante un comunicado, que se le achacaban otros delitos considerados graves entre ellos secuestro.

La PGJ en Puebla informó que a Abraham Cordero se le había detenido por “delitos cometidos contra funcionarios públicos, amenazas y privación ilegal de la libertad". Las autoridades poblanas acusaron además al activista de "agredir a varias personas que se encontraban viviendo en un terreno de Tianguismanalco, Atlixco, además de que “los privó de su libertad durante varias horas y los amenazó con hacerles daño", según el proceso penal 55/2014.

Sin embargo, los compañeros del Movimiento Los de Abajo, del cual era integrante el también líder del Frente de Pueblos de la Sierra Nevada, insisten que jamás tuvo que ver en hechos violentos contra funcionarios públicos y mucho menos privó de su libertad a nadie.

Incluso el propio Cordero ofició una rueda de prensa la mañana del 8 de abril donde estuvo acompañado por militantes de Los de Abajo y del Movimiento de Defensa de Tierra que ha apoyado a campesinos y ejidatarios con reuniones informativas comunitarias.

Tras los hechos los compañeros de Cordero del Movimiento Los de Abajo, iniciaron su defensa legal y consiguieron seis meses después que se le fijara fianza por los delitos menores debido a que jamás se le comprobó su intervención en ningún secuestro.

Finalmente el juzgado penal de Atlixco fijó una fianza de 57 mil 700 pesos a Abraham Cordero, quien, tras el pago del monto, salió en libertad. De acuerdo a la información proporcionada por Vladimir Luna, integrante del movimiento Los De Abajo, fue mediante una negociación a puerta cerrada con la Secretaría General de Gobierno que se llegó a los acuerdos para liberar a Cordero.

El 2 de octubre del 2014 Abraham Cordero abandonó el penal de Atlixco, donde pasó seis meses hacinado en una celda con siete personas más. Según detalló en un foro de la Universidad Iberoamericana donde participó como ponente, su proceso penal sigue, cada mes debe de presentarse ante el juzgado a firmar los procedimientos de su libertad bajo fianza.

Antes de la detención de Cordero se dio conocer que la Semarnat aprobó el Impacto Ambiental promovido por la Secretaría de Infraestructura, para la construcción del Arco Poniente. Según el documento la obra carretera se mantiene en marcha y pasará por los municipios de San Martín Texmelucan, Chiautzingo, Huejotzingo, Domingo Arenas, Calpan, San Jerónimo Tecuanipan, Tianguismanalco, Santa Isabel Cholula y Atlixco.

La construcción que comunicará las autopistas México-Puebla con la de Siglo XXI para poder librar el paso de los transportistas y agilizar la conectividad de la red carretera de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.