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La Comisión Nacional de Derechos Humanos por más piedras de gran calibre que aventó, por más marranos que sacrificó y por más pruebas contra la física y la gravedad que aplicó en el lanzamiento de impredecibles cohetones fiesteros, no encontró ni por asomo una pizca de lógica ni de verdad en la versión del gobierno de Rafael Moreno Valle sobre la muerte del niño José Luis Tlehuatle.
La versión morenovallista sobre el caso Chalchihuapan se derrumbó en el momento en que el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas fue incapaz de explicarle a la CNDH algunas dudas razonables sobre los peritajes científicos hechos por la Procuraduría General de Justicia y quesque avalados por la Policía Federal —y harto burlados en este espacio—: por qué utilizaron cabezas de marrano para sus peritajes científicos; qué tipo de parentesco une las cabezas de marrano con las cabezas de infantes de Chalchihuapan y qué tan congelada o descongelada estaba las cabezas de marrano cuando fueron acribilladas a punta de cohetones de feria.
Fue tan porcinamente insostenible la versión cohetera del morenovallismo que el pobre Facundo Rosas se vio en la necesidad de obstaculizar la investigación y de mentir unas cuántas veces durante la pesquisa.
#Plop
Y aunque la CNDH concluyó —suavecito— en su investigación que al niño de 13 años lo mató un proyectil de gas lanzado torpe y estúpidamente por uno de los 426 policías morenovallistas y que el Secretario de Seguridad Pública es el responsable del desmadre en Chalchihuapan, Facundo Rosas no será removido de la Secretaría de Seguridad Pública y es posible que ni sus mandos medios.
Tampoco rodará la cabeza de Luis Maldonado.
A una semana del escandaloso dictamen de la CNDH, el mandatario nada ha hecho al respecto —excepto emitir un tibio y dudoso comunicado de prensa para decir que acatará cada una de las 11 recomendaciones—.
Hoy ya sabemos quién mató al niño, pero hoy también sabemos que nadie pagará por eso.
Para el mandatario poblano, el resolutivo del organismo que dirige Raúl Plascencia está tan plagado de ilusiones releccionistas y de aspiraciones ratificatorias que los análisis científicos de los marranos que comprueban la teoría del cohetón fueron políticamente ignorados para sepultar sus ambiciones presidenciables.
Uff.
Sí, el gobernador aún cree que él, como Torito, es inocente.
Que Facundo Rosas es más que inofensivo.
Que Luis (¡hip!) Maldonado (¡hip!) es el más pacífico de todos sus funcionarios.
Que el único culpable aquí es el cohetón capaz de volar en reversa, cruzar campos de maíz, dar tres vueltas en el aire, subir y bajar más de 100 metros e impactar con su estela mortífera el cráneo de un menor.
Que el resolutivo de la CNDH es una treta política en su contra.
Que es una conspiración de Raúl Plascencia para su reelección.
Que se trata de un complot del gobierno peñista para aniquilarlo de la carrera presidencial.
De una intriga hecha por perredistas con oscuros intereses Atenquistas.
A una semana de la resolución, Moreno Valle no se ha detenido un momento para pensar en que un niño de 13 años está muerto por su culpa.
A una semana de la resolución, Moreno Valle sólo atinó a blindar el Grito de Independencia con acarreados uniformados con impermeables azules para que nadie le mentara la madre por matar a un chamaco.
A una semana de la resolución, Moreno Valle no ha dado un paso atrás.
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Por más vueltas que le doy al asunto, no sé con qué carota el gobernador va a decirle a doña Elia Tamayo, a los poblanos y a los demás interesados que por más 60 días mintió con cohetones impredecibles, piedras de gran calibre, infiltrados de Ciudad Neza, pólvora lavable, policías traficantes de blancas y terroristas Chalchinazis para protegerse.
Con qué cara le va a pedir una disculpa a doña Elia Tamayo por haber matado a su hijo, a través de una Ley Bala, de unos policías sin entrenamiento, de una orden tajante de desalojo inminente, de un “a cómo dé lugar”, de un desalojo fuera de control, de unos policías ensañados que disparan a quemarropa y de un secretario de Seguridad Pública con la carne muy gruesa para las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En el último de los casos ¿Es válida una disculpa obligada por la CNDH para evitar un juicio político?
La disculpa debió llegar hace 60 días, s-e-s-e-n-t-a días y de manera v-o-l-u-n-t-a-r-i-a, no después de una contundente amenaza de juicio político.
Ya ni hablar de la Fiscalía especial de burócratas fieles y serviles que creó el gobierno para investigar el caso…
Miau.