Tuesday, 19 de March de 2024

Investigación Chalchihuapan

Víctimas

Cómplices

Detenidos por oponerse al Gasoducto Morelos

Edmundo Velazquez/ @mundovelazquez

El 27 de mayo de 2014 seis tanquetas militares y cuatro camionetas de la Policía Estatal y Federal incursionaron en las poblaciones de San Juan Amecac, Cohuecan, Acteopan y Amilcingo, Puebla, para resguardar los trabajos de la empresa italiana Bonatti a cargo del Proyecto Integral Morelos (PIM) que pretende construir dos centrales termoeléctricas, un gasoducto, una línea eléctrica y un acueducto.

Meses atrás, personal de Comisión Federal de Electricidad había enviado a trabajadores para explicar con folletos sobre la obra que se llevaría a cabo en la zona y convencer a todos los vecinos de las comunidades afectadas. Sin embargo, las comunidades ya se encontraban organizadas a través de una serie de asambleas informativas que previamente llevó a cabo el Frente de Pueblos por la Defensa del Agua y la Tierra.

Los vecinos de la zona se han quejado hasta la fecha de que los folletos informativos sobre el proyecto carecen de la información necesaria y tampoco conocen el trazo exacto de la obra. El temor de los colonos afectados se basa en que la línea del Gasoducto pasaría a unos metros de la zona volcánica del Popocatépetl, lo cual volvería a la obra en una bomba de tiempo.

La construcción de dos centrales termoeléctricas proyectadas consumirá agua y gas natural para producir energía. Estas pretenden ser ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos, y están concesionadas a la empresa Abengoa, de origen español.

Otra etapa la conforma la construcción de un gasoducto de aproximados 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de diámetro que pretende transportar diariamente 9 mil millones de litros de gas natural, para dichas termoeléctricas, pasando por las faldas del volcán Popocatépetl y a través de más de 60 comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, este gasoducto está concesionado a las empresas españolas Elecnor y Anagas y a la empresa italiana Bonatti.

Una tercera etapa se constituye por la construcción de una línea eléctrica de 20 km de longitud a la subestación Yautepec. Y por último se plantea un acueducto de 20 pulgadas de diámetro que pretende trasladar 50 millones de litros de agua diaria a las termoeléctricas, y que su trazo va del municipio de Ayala a Huexca, Morelos con una longitud de 12 km. En total la inversión que plantea el gobierno y la industria privada para dichas acciones oscila entre los mil 600 millones de dólares.

El 6 de abril del 2014 al menos 15 patrullas de la Policía Estatal detuvieron a la comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, de 60 años. La sexagenaria presidía una reunión entre comisarios ejidales donde se firmaba la negativa para que sus tierras fueran utilizadas en la construcción del gasoducto que es parte del Proyecto Integral Morelos cuando se presentaron los agentes de la Policía Estatal.

De acuerdo a sus compañeros de lucha, entrevistados por CENTRAL, la detención de Enedina fue violenta y con exceso en el uso de la fuerza, por lo que aseguran que únicamente se buscaba atemorizar a todos sus compañeros de distintas comunidades ejidatarias y así presionar para que dejaran el libre paso al proyecto federal.

A Enedina Rosas se le detuvo con el pretexto de encontrarse involucrada en una averiguación previa por los delitos de robo agravado y obstrucción de obra, acusación presentada por empleados de la empresa Bonatti, filial italiana que tiene el encargo de llevar a cabo las obras del gasoducto en el Proyecto Integral Morelos y que labora en proyectos similares en el estado de Sonora.

Las fuentes consultadas refieren que en un altercado a Enedina Rosas se le “por robar de manera violenta dos celulares a empleados de Bonatti". Por el delito de obstrucción alcanzaba la libertad bajo caución, pero el segundo delito, el de robo, la obligó a permanecer en prisión durante su proceso.

Según cuentan sus compañeros, Enedina Rosas es una mujer valiente, madre de varias hijas y ya abuela. Su participación como ambientalista inició cuando vio amenazada la tierra que le dio de comer a ella y su familia.

Enedina, como muchos de los comisarios ejidales de la zona de Atlixco, mantenían reuniones y asambleas informativas desde el 2012, fecha en que comenzaron a ver amenazado su patrimonio debido a que la empresa Bonatti comenzaba poco a poco a intervenir en tierras de la zona sin los permisos correspondientes. Originalmente se sumó a la lucha porque en asamblea sus vecinos y habitantes del ejido de San Felipe Xonacayucan se lo pidieron. Ella únicamente era la portavoz de lo que su pueblo le pidió.

El jueves 18 de septiembre Enedina tuvo que abandonar la prisión de Atlixco por un padecimiento severo en las vías respiratorias. Se le diagnosticó Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y tuvo que ser atendida de urgencia en el hospital San Juan de Dios ubicado en Atlixco donde permaneció bajo resguardo policiaco.

Para el mes de octubre el juzgado penal de Atlixco le otorgó a Enedina Rosas el poder mantenerse en arraigo domiciliario debido a su condición de salud. El primero de octubre abandonó el hospital de Atlixco donde se encontraba luego de dos semanas de mantenerse delicada de salud.

Hasta la fecha, según detalló su hija, Lucinda Quintero Rosas, a Enedina no se le permite dar entrevistas ni recibir visitas que no sean previamente aprobadas por el juzgado penal de Atlixco. Se mantiene estable de salud y permanece en su casa mientras se define una sentencia legal que por el delito de robo que le podría dar hasta 9 años de prisión.

La situación alrededor del Gasoducto Morelos se complicaría con una segunda detención, la de Juan Carlos Flores Solís fungía como vocero del Frente de los Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra en el cual participaba activamente desde el año 2009 coordinando acciones y jornadas informativas y asesorando legalmente a los vecinos de tierras afectadas por los mega proyectos emprendidos por los estado de Puebla, Morelos y Tlaxcala.

Enedina Rosas y José Luis Flores se conocen en una de las tantas asambleas en los municipios aledaños a Atlixco, donde la comisara ejidal participaba y respaldaba la decisión de su pueblo de firmar la negativa a cualquier venta de predios.

Un día después de la detención de Enedina Rosas, el 7 de abril, José Luis acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Después de realizar el trámite por la desaparición de Enedina, a escasos 20 metros del edificio del organismo presidido por Adolfo López Badillo el activista fue detenido de manera ilegal.

Lo detuvieron agentes de la Policía Ministerial que jamás presentaron acreditaciones, vestían de civil y no mostraron ninguna orden de aprehensión. La Procuraduría General de Justicia lo acusó por los delitos de motín, despojo, ataques contra la infraestructura hidráulica y extorsión, por lo que no alcanzó la libertad bajo caución por tratarse de delitos graves.

De Flores Solís sus compañeros conocen bien un amplio expediente de lucha en movimientos sociales desde el propio derecho a la educación cuando organizó protestas a favor de que se abrieran más plazas en la Universidad Autónoma de Puebla hace más de diez años.

Juan Carlos Flores Solís está en el mapa del activismo en Puebla desde que formó parte del grupo Espiral 7, asociación civil con abierta simpatía al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), estuvo ligado a la organización de “La Otra Campaña” en Puebla del Sub Comandante Marcos y mantuvo siempre una relación estrecha con los grupos zapatistas.

Posteriormente su trabajo se vinculó con comunidades cholultecas, donde comenzó con la defensa del agua en la zona de Ocotlán. Ahí es donde se le invita a participar como parte del Movimiento de Pueblos Cholultecas que es el que finalmente una versión previa al Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra.

El tema del gasoducto, relatan compañeros de José Luis Flores, empezó a dar problemas a las comunidades colindantes con Morelos en el año 2004 y desde entonces inició una resistencia.

Las movilizaciones del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua iniciaron formalmente en el 2009, y desde entonces José Luis Flores participó en la fundación de radio comunitaria en Tlaxcalancingo y en otras zonas con la impresión del periódico comunitario “Espiral”.

A finales de 2012 y principios del 2013 comenzó a notarse la molestia generalizada de varios de los ejidatarios afectados por el Proyecto Integral Morelos y José Luis Flores fue el encargado de coordinar la información que se daría a conocer con los afectados de estados vecinos. Debido a esto el activista se ganó que Graco Ramírez lo nombrara “un agitador que vino a quebrantar la paz de Morelos”. De acuerdo a compañeros de su movimiento, José Luis Flores ya era perseguido desde tiempo atrás por los gobiernos de Puebla, Tlaxcala y Morelos.

En septiembre, la justicia federal le otorgó el ampara, pero, según denunció el abogado del activista, José Antonio Lara, la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que dirige Víctor Carrancá Bourget, cayó en desacato. La dependencia estatal apeló a través del Ministerio Público el amparo otorgado por el Juez Séptimo de Distrito lo que retrasó la liberación de Juan Carlos.

Un segundo proceso de amparo fue ganado por la defensa del activista recientemente en diciembre que se liberó el recurso a través del Segundo Tribunal Colegiado. Este segundo procedimiento provocó que incluso sus familiares y amigos pensaran que en navidad estaría en casa, sin embargo, hasta el momento, Juan Carlos Flores Solís se mantiene preso en el penal de San Pedro Cholula.

Hasta el momento, la empresa Bonatti ha logrado entrar con excavadoras a predios de la zona del Izta-Popo donde no se ha tenido la negativa de sus propietarios. Según los opositores del Gasoducto, la empresa ha aprovechado que los dueños de las tierras no se han reportado debido a que son migrantes y su residencia se encuentra fuera del país.

 

 

 

 

 

Modificado por última vez enLunes, 19 Enero 2015 15:00
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